Después de dos años la Campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión se vuelve a reunir en el Ateneo La Maliciosa

• Después de dos años de pandemia la Campaña estatal contra los Tratados de Comercio e Inversión vuelve a celebrar un encuentro presencial los días 26 y 27 de marzo en Madrid.
• El objetivo de las jornadas es analizar la coyuntura global y el papel que juegan los tratados de comercio e inversión en las dinámicas internacionales, las políticas públicas, y el bienestar de la ciudadanía.
• La coyuntura actual nos sigue demostrando que las relaciones internacionales han de estar basadas en los intereses de los pueblos y no en lógicas para maximizar los beneficios de las multinacionales.

El Ateneo La Maliciosa de Madrid acogerá, los días 26 y 27 de marzo, un encuentro presencial de la Campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión (No a los TCI), una red estatal integrada por decenas de organizaciones muy diversas (ambientales, sociales, sindicales, etc) que luchan para visibilizar y poner fin a los daños que generan los acuerdos comerciales y de inversiones en el clima, el medio ambiente, los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el mundo rural o la economía.

El comienzo del 2022 se ha visto marcado, una vez más, por la evidencia de que estamos en un punto de colapso climático irreversible. Ahora, una guerra en las puertas de la Unión Europea pide actuación urgente y la sociedad civil organizada inevitablemente nos vemos obligadas a actualizar nuestra formación e información para ser capaces de construir unas relaciones globales entre los pueblos de intercambio, solidaridad y apoyo mutuo.

Durante estas jornadas analizaremos la coyuntura global y abordaremos cómo los tratados comerciales y de inversiones inciden en temas de máxima actualidad, al constituir una de las piezas clave de la gobernanza económica mundial. Indagaremos en el vínculo que existe en cuestiones como la aceptación de las tesis marroquíes sobre el Sahara por parte del Gobierno español, en como los intereses de multinacionales españolas y otras potencias están implícitos en esta decisión, o en cómo la invasión de Ucrania ha podido influir en la decisión de Alemania de desempolvar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión de la Unión Europea (UE) con Estados Unidos (EEUU). El conocido TTIP que ya fue desterrado en 2015 tras las fuertes olas de movilización ciudadana que, además, dieron origen a la Campaña No a los TCI.

Una parte importante de la agenda se dedicará a profundizar y desarrollar estrategias en torno a los temas que hemos trabajado durante los últimos años. Por un lado, la revisión del Tratado Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional de inversiones exclusivo para el sector energético que protege a los productores de combustibles fósiles, retrasando el impulso de una transición energética justa, ya que puede desencadenar demandas contra los Estados si deciden legislar a favor del clima o intervenir los precios de los mercados energéticos para proteger a las personas más vulnerables.

Por otro lado, el Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) sigue siendo uno de nuestros objetivos prioritarios. Si los países ratifican este acuerdo, se prevé que el aumento del comercio de materias primas como la soja, la carne de vacuno o la caña de azúcar profundice la destrucción de los bosques amazónicos, la biodiversidad y las formas de vida de los pueblos originarios, al tiempo que favorecerá la proliferación de macrogranjas en Europa y España, impulsando aún más un modelo agrario y ganadero insostenible.

Por último, en el contexto actual de crisis multisistémica, se hace más urgente y necesario que nunca apostar por otra forma de relaciones entre los pueblos, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos climáticos adoptados bajo el Acuerdo de París. Al mismo tiempo, los derechos laborales deben ser una obligación irrenunciable de cualquier relación comercial. Por ello, es crucial ahondar en la articulación de un Tratado Vinculante en Naciones Unidas y una Ley de Diligencia Debida sobre Empresas y Derechos Humanos a nivel estatal.

Al finalizar las jornadas esperamos tener un plan de trabajo para recuperar la iniciativa ciudadana en la transformación de las relaciones globales.