Comunicado: Alerta. El sistema de cooperación internacional peruano, en peligro
Desde el Foro de ONGD Españolas en el Perú, plataforma que agrupa a 25 organizaciones que desarrollan proyectos de cooperación internacional, entre las cuales se encuentra Entrepueblos, expresamos nuestra profunda preocupación por la aprobación del dictamen de modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) el pasado 12 de marzo por el Pleno del Congreso Peruano.
Esta propuesta, aprobada sin un debate amplio ni consulta con sectores clave para el desarrollo y la democracia en el país, afecta de manera grave el trabajo que realizamos las ONGs en apoyo a los segmentos más vulnerables y menos atendidos de la población peruana. Desde Entrepueblos nos hacemos eco de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones y movimientos nacionales que representan o acompañan a poblaciones indígenas, mujeres y diversidades, personas defensoras de derechos humanos y ambientales, víctimas de violencia política y represión, entre otras, quienes podrían verse aún más afectadas y revictimizadas por los impactos de esta ley.
Desde Entrepueblos, con presencia y proyectos en Perú, alertamos sobre los riesgos que esta reforma supone para el espacio cívico y la democracia en el país. La imposición de sanciones arbitrarias y desproporcionadas a las ONGs, incluyendo la posibilidad de cancelación de su inscripción, obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y pone en peligro el trabajo en favor de la igualdad y la defensa del medio ambiente.
Nos sumamos a las solicitudes que la Red EU-LAT dirige a la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Miembros y a la comunidad internacional en general, y, en particular, nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado español y concretamente a la Embajada de España en Perú para solicitar su apoyo en la difusión de estas preocupaciones y en el fomento del diálogo, para que la Cooperación Internacional que ejecutamos se sujete al marco de garantías y derechos previstos por los tratados internacionales ratificados por el Perú.
Ante esta preocupante situación, reiteramos nuestra disposición, junto con el Foro de ONGD Españolas en el Perú y demás redes internacionales, a entablar un proceso de diálogo con el Gobierno para revisar esta decisión. Es fundamental construir una normativa que garantice la fiscalización de los fondos de cooperación sin vulnerar el derecho de la sociedad civil a participar activamente en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo de los sectores más vulnerables.
