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17 parlamentarias y parlamentarios europeos envian una carta al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a la ministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al embajador ante la Unión Europea, Jorge Skinner-Klée Arenales para manifestar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Guatemala, particularmente en lo que se refiere a la situación de las personas defensoras de derechos humanos.

En ella recuerdan, que en febrero de 2017 el Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una resolución que expresaba la preocupación por  las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, y la necesidad de desarrollar una política pública de protección hacia ellas, en consonancia con la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se instaba a reformar el sistema judicial y avanzar en su compromiso con la lucha contra la impunidad y la corrupción.

 

 

Parlamento Europeo
Bruselas, 18 de abril de 2018

 

Sr. Jimmy Morales Cabrera

Presidente de la República de Guatemala

Sra. Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala

Sr. Jorge Skinner-Klée Arenales

Embajador de la República de Guatemala ante la Unión Europea

CC: Sr. Stefano Gatto, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala

Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Embajador:

Las parlamentarias y los parlamentarios europeos que suscribimos esta comunicación, nos dirigimos respetuosamente a ustedes preocupados por la situación de los derechos humanos en Guatemala, particularmente en lo que se refiere a la situación de las personas defensoras de derechos humanos. De manera especial, teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en sus distintos ámbitos de actuación, así como el compromiso que toda la comunidad internacional, incluyendo la propia UE, ha adquirido para proteger a las personas defensoras en todo el mundo.

El 16 de febrero de 2017 el Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una resolución que expresa nuestras preocupaciones por la situación de las personas defensoras en Guatemala. En la misma, entre otras cosas, se recordaba la necesidad de desarrollar una política pública de protección de los defensores de los derechos humanos, en consonancia con la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, se resaltaba la necesidad de acometer la reforma del sistema judicial y de seguir avanzando en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.

De acuerdo con algunas informaciones que hemos conocido como parlamentarios y parlamentarias, desde la aprobación de dicha resolución se han producido distintos eventos y actuaciones que implicarían un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

En primer lugar, lamentamos que se haya reforzado la gravedad y la intensidad de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, dinámica que se ha consolidado particularmente en los dos últimos años. Por ejemplo, según datos de la UDEFEGUA en 2017 se registraron un total de 483 agresiones contra personas defensoras incluyendo 53 asesinatos.

Nos preocupa asimismo la campaña de deslegitimación y ataques contra las instituciones vinculadas con la defensa de derechos humanos incluyendo particularmente la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los intentos de expulsar a su Comisionado, el Sr. Iván Velásquez, pero también contra la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público, y las y los operadores de justicia, incluyendo el intento de asesinato de la Fiscal de Derechos Humanos Sonia Montes el pasado 15 de febrero.

Desde el Parlamento Europeo lamentamos que, en lugar de avanzar decididamente en los compromisos que Guatemala ha adquirido con la comunidad internacional, la agenda legislativa actual incluye varios proyectos que implicarían un importante retroceso en materia de derechos humanos. Así, en lugar de apostar decididamente por medidas como el desarrollo de una política pública de protección a personas defensoras o el desarrollo de un Plan Nacional de Acción sobre

Empresas y Derechos Humanos en Guatemala, constatamos particularmente el riesgo de que se produzca una restricción del derecho a defender derechos humanos en Guatemala, a través de proyectos legislativos como los siguientes: la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo cuyo articulado incumpliría los estándares internacionales en materia de libertad de asociación; la reforma del delito sobre terrorismo en el Código Penal que, por su redactado, implicaría la tipificación de acciones que forman parte de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacíficas como terrorismo; finalmente, nos preocupa la propuesta de reforma del decreto número 145-96 sobre Ley de Reconciliación Nacional que pretende otorgar amnistía a todos los delitos cometidos durante el conflicto armado interno incluyendo los de lesa humanidad, genocidio, tortura y desaparición forzada en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, como diputadas y diputados reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la lucha contra la impunidad y la corrupción como elementos centrales para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y, consecuentemente, la situación general de los derechos humanos en el país.

En este sentido nos gustaría hacer un reconocimiento expreso al papel que la CICIG ha desempeñado y desempeña en Guatemala. Además, nos sumamos al llamamiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Sr. Diego García-Sayán, e instamos a Guatemala a garantizar una selección transparente y basada en criterios estrictos claros y objetivos de integridad e idoneidad de las personas candidatas a Fiscal General, como muestra inequívoca del compromiso del país para profundizar la lucha contra la impunidad.

Expresando nuestro más alto respeto a la República de Guatemala, nos despedimos afectuosamente.

1. ALBIOL, Marina (GUE/NGL, España)

2. ANDERSON, Martina (GUE/NGL, Reino Unido)

3. BENITO ZILUAGA, Xabier (GUE/NGL, España)

4. BILBAO BARANDICA, Izaskun (ALDE, España)

5. BOYLAN, Lynn (GUE/NGL, Irlanda)

6. CARTHY, Matt (GUE/NGL, Irlanda)

7. CHILDERS, Nessa (S&D, Irlanda)

8. CORRAO, Ignazio (EFDD, Italia)

9. CROWLEY, Brian (ECR, Irlanda)

10. GONZÁLEZ PEÑAS, Tania (GUE/NGL, España)

11. HENKEL, Hans-Olaf (ECR, Alemania)

12. NI RIADA, Liadh (GUE/NGL, Irlanda)

13. SÁNCHEZ CALDENTEY, Lola (GUE/NGL, España)

14. TORRES MARTÍNEZ, Estefanía (GUE/NGL, España)

15. URBÁN CRESPO, Miguel (GUE/NGL, España)

16. VALERO, Bodil (GREENS/EFA, Suecia)

17. VERGIAT, Marie-Christine (GUE/NGL, Francia)


 

 
 
Categoría
  • Derechos humanos
País
  • Guatemala
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