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Retos de las luchas sociales en Huehuetenango

Andrés Cabanas 
Publicado originalmente en Noticias del Corredor, Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG, diciembre de 2016.

En Huehuetenango se desarrolla un ciclo político violento (militarización del territorio, represión de derechos, centenares de órdenes de captura, una veintena de presos políticos) pero a la vez repleto de acciones de resistencia frente al modelo impuesto. La resistencia (plural, diversa, promovida desde diversos ámbitos y actores) desafía el poder estatal y de empresas transnacionales, proponiendo el ejercicio del poder propio.  

Algunos hitos de este ciclo político son estos:

  •  La realización en diez años de 29 consultas (ámbito municipal) para la decisión comunitaria sobre proyectos extractivos. Las consultas marcan un alto al extractivismo como modelo y al paradigma de desarrollo dominante.
  • La conformación de dos territorios libres de minería: cinco municipios de la región huista en septiembre de 2008  y ocho del norte del departamento (akateko, q´anjob´al y chuj) en noviembre de 2009, prefigurando el gobierno popular de los territorios. 
  • La declaración de Constitución de la Nación Qanjobalana, 5 de abril de 2012, que revitaliza formas propias de ejercicio del poder y propone la fundación de un Estado plurinacional.  
  • El plantón permanente de la resistencia pacífica de Barillas frente a las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz: práctica de control de territorio desde el 7 de abril de 2013.
  • Menos mediática, crece la organización y articulación de las organizaciones de mujeres alrededor de la defensa del territorio y el cuerpo, y el cuidado y reproducción de la vida: una propuesta integral que subvierte desde lo cotidiano y estructural las relaciones de poder.

El centro de la disputa: ejercicio del poder desde comunidades y pueblos

Laparte visible de las luchas sociales en el territorio es la oposición a empresas y proyectos destructivos, desarrollados sin consulta, y a la institucionalidad estatal construida para apoyar estos emprendimientos. Pero la disputa de fondo tiene que ver con el ejercicio del derecho de autodeterminación: es la disputa sobre el control de recursos/bienes, el control del territorio, el desarrollo del poder comunitario y de los pueblos frente a empresas y Estado. 

En Huehuetenango se construye, así, un nuevo consenso comunitario sobre los territorios (Consejo de los Pueblos de Occidente), opuesto al consenso neoliberal y al modelo de Estado favorable a las empresas. Se propone un proceso de revitalización del sistema propio (de salud, económico, producción, jurídico, organización social y política) en el marco de lareconstitución de los territorios originales, según afirma la Declaración de Nación Qanjobalana. 


La revitalización del sistema propio plantea, de forma inevitable, la redefinición del modelo de desarrollo: frente a la mercantilización, la represión de derechos, las empresas como poder determinante, por encima instituciones democráticas y poderes comunitarios se propone un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo basada en la  desmercantilización de los bienes naturales, la lucha por los derechos colectivos de personas y naturaleza autonomía y el ejercicio del autogobierno. Nuevas formas de organización, participación y representación (más allá de la representación de los partidos y la construcción estatal vigente) se derivan de esta propuesta. 

El documento Memorial de los Pueblos de Barillas, 7 de enero de 2013, es significativo  en este sentido de reivindicación del gobierno de los pueblos (gobierno en sentido amplio, no solo institucional). La resistencia barillense (que de forma reducida puede ser vista como oposición focalizada a un proyecto hidroeléctrico y a la actuación violenta y arbitraria del grupo empresarial español promotor del mismo) impulsa un proyecto alternativo de organización política, social, económica y cultural propia, todavía en proceso: 

Las comunidades actuales tenemos cientos de años de vivir sobre estas tierras, y hemos cuidado todos los recursos naturales como los ríos, los lagos, las montañas, las aves y toda clase de animal que viven en nuestro alrededor. Con ellos tenemos una relación especial y consagrada. También somos fieles en mantener nuestra organización política, social, económica y cultural, de conformidad con la cosmovisión Maya Q´anjobal, que nos han heredado nuestras abuelas y abuelos.

Articulación frente a homogeneidad e imposición 

Los proyectos extractivistas y las políticas de estado desarrolladas por transnacionales convierten la excepcionalidad en norma: normalizan la violencia y la represión, persiguen derechos de facto y de forma legal. Especialmente durante el gobierno del Partido Patriota, la cárcel fue el precio a pagar por el ejercicio de la dignidad: punto de quiebre para doblegar la resistencia comunitaria; punto de inflexión para continuar la movilización, en mejores condiciones. 

En 2017, la resistencia en Huehuetenango puede presumir de una no derrota, frente al punto de máxima tensión a la que la condujo la alianza política-empresarial-militar-transnacional durante el gobierno patriota. Una no derrota digna y esperanzadora, aunque la persistencia de la violencia estatal y extractivista impide hablar de una victoria o del fin sin retorno de la violencia.

En el aspecto interno, las divisiones comunitarias y organizacionales, los desacuerdos tácticos (vía institucional-electoral), las disputas de liderazgos, la extensión de una cultura estatal de la imposición a las formas de operar de los movimientos, constituyen retos para volver irreversible el breve lapso de tranquilidad con el que concluye 2016 (tras la liberación de los presos políticos de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia) y profundizar el ejercicio del poder de los pueblos frente a la intacta agenda neoliberal.

La impostergable articulación social desde los territorios enfrente el menos estos retos:

  • profundizar el debate sobre el modelo alternativo al extractivismo y desarrollar prácticas concretas de organización económica y social más allá del desarrollo;    
  • hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de decisión; 
  • fortalecer la toma de decisiones colectiva, frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas, y frente a la cultura de imposición vigente.

Las luchas sociales en Huehuetenango se desarrollan a partir de múltiples acciones (movilizaciones, consultas, declaraciones, ámbito legal, incidencia frente al Estado, construcción de poder local) visiones y actores, lo que las hace creativas y menos vulnerables ante la represión masiva. Al tiempo, se plantea el reto de la articulación y complementariedad de estas diversidades. Esta articulación tiene que superar visiones clásicas de lo articulado como subordinado a un centro dominante y como homogéneo sin fisuras ni debates. Son pertinentes las palabras de Isabel Rauber en las Jornadas Territorio, Poder y Política organizadas por CEDFOG en 2011:

Ningún sector, clase o actor en particular puede representar a todo el conjunto de la sociedad, Lo que demanda la realidad y lo que la experiencia apunta como posible es la articulación del colectivo activo, de actores y sujetos en la conformación de un sujeto colectivo.

Los retos están planteados: apertura, diálogo, escucha y capacidad de consenso para construir un nuevo poder.

 

Proyectos inviables y desarrollo insostenible:  la retirada de Hidro Santa Cruz de Barillas

Andrés Cabanas, 29 de diciembre de 2016

Hidro Santa Cruz se va de Barillas, según el escueto comunicado emitido el pasado 22 de diciembre. La retirada de la empresa oficializa lo que era práctica y hecho consumado: las deudas adquiridas ante financiadores internacionales, la demanda interpuesta por socios del proyecto, la falta de avance de la obra, la defenestración o retirada de importantes  valedores políticos (gobierno patriota, anterior embajador español), la inmanejable conflictividad social y la persistencia de la resistencia de una “parte respetable” de la población (según reconocen finalmente los propietarios españoles de Hidro Santa Cruz) imposibilitaron el desarrollo del proyecto.

Un proyecto inviable

La salida del territorio de Barillas de Hidro Santa Cruz no es un hecho menor. Cuando una empresa abandona su inversión sin conseguir sus objetivos, se agrieta el proyecto de despojo. En la fase actual de acumulación del capital, los proyectos se interconectan en actores, operadores políticos, financiadores, estrategias de intervención, sociedades, ganancias. El patinazo estrepitoso de uno de esos proyectos no puede analizarse aisladamente. 


En el caso concreto de Hidro Santa Cruz, el fracaso empresarial agudiza la crisis de un modelo político (el proyecto patriota -neoliberal militar- que apostó por la violencia y la ilegalidad o la legalidad a la carta) y la crisis de un Estado heredero de la contrainsurgencia, construido para el despojo. Demuestra, de forma complementaria, que la razon empresarial y transnacional es tan violenta como frágil.

Sin embargo, la salida de la empresa no cierra un proceso de agresión contra la población. La empresa adquirió derechos (por ejemplo sobre los terrenos) sin que hasta la fecha haya aclarado el destino y la utilidad de estos terrenos (venta, transferencia a otra empresa, alquiler, congelamiento hasta que existan condiciones para el retorno). Por otra parte, la marcha de  Hidro Santa Cruz no vincula ni compromete la retirada de las empresas y los dueños españoles, particularmente activos durante las últimas semanas: David Castro Valdivia,  Luis Castro Valdivia y Fernando Rodríguez  continúan todavía presentes en el país (entre otras, con la sociedad Hidraes ingenieros consultores, de David Castro) y/o han realizado movimientos societarios recientes y masivos: constitución de siete sociedades el 3 de noviembre de 2016, cuyo rastro hasta Guatemala es conveniente seguir. Asimismo, la huida de HSC puede dificultar investigaciones sobre redes de corrupción y criminales, a partir de la apertura de una oficina de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en Quetzaltenango.

Cuál es el destino de los terrenos adquiridos mediante engaño, qué sucede con las empresas matrices, cómo se determinan las responsabilidades adquiridas por el daño causado a la población, de qué manera se obliga a los propietarios españoles de la hidroeléctrica a responder ante la justicia por la violencia y delitos cometidos, son preguntas (y escenarios) pendientes en la intensa disputa empresa-comunidades: el conflicto interrumpido pero inacabado.  Una retirada sin mayores costos, más allá del tibio reconocimiento de errores expresado en el comunicado, debe ser impedida. La vigilancia de nuevos proyectos extractivos o de la reconfiguración del actual, la devolución de terrenos adquiridos ilegalmente, la investigación de las acciones ilegales cometidas por la empresa y otros actores (estructurales criminales), el resarcimiento como garantía de no repetición de hechos similares, se integran a la agenda de la resistencia. 

El desarrollo insostenible

La marcha de Hidro Santa Cruz es un triunfo de la población que solicitó reiteradamente su salida: no es un simple distractor de la empresa, aunque antes, durante y después de la salida se sucedan maniobras para minimizar el impacto de lo sucedido. La resistencia comunitaria, con apoyo nacional e internacional, derrotó la persecución, la criminalización, el encarcelamiento de dirigentes, los intentos de cooptación, la estatalización de los intereses de la empresa: es decir, la configuración del Estado a la medida de la hidroeléctrica.  

Concebido como proyecto modelo (articulación de actores, forma de intervención, caballo de troya de otros proyectos energéticos) la oposición a Hidro Santa Cruz fue también el referente para contener este enfoque: una forma de decir no al militarismo en tiempos de paz y al despojo en tiempos del Estado (teóricamente) orientado al bien común. 

El comunicado oficial de la empresa distribuido de forma coordinada por todos los medios corporativos afirma que el proyecto hidroeléctrico Cambalam era necesario pero se volvió inviable. Esto, como la mayoría de las afirmaciones empresariales, es una verdad a medias o una mentira disfrazada. El punto de no retorno para la salida de Hidro Santa Cruz comenzó cuando la empresa impuso una visión de desarrollo ajena a la visión de la población: el desarrollo como beneficio individual y no como proyecto de vida colectiva; como imposición y no como consenso; como intervención ajena y no como construcción desde la comunidad. 

Corresponde, ahora, recuperar esos consensos y definir –desde los saberes comunitarios- la ruta hacia otro desarrollo justo y digno.

 

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